El alcalde de Baruta y aspirante a la gobernación de Miranda, Henrique Capriles Radonski, asistió al Palacio de Justicia para enfrentar la reactivación del juicio por los sucesos acaecidos en la embajada de Cuba en abril de 2002. Ataviado con una camisa roja y acompañado por un grupo de seguidores y líderes políticos, el alcalde de Baruta lamentó tener que volver a los tribunales y que el proceso por los referidos hechos se haya traducido en "seis años de persecución". Responsabilizó a su contricante chavista, Diosdado Cabello, de haber promovido la reactivación del caso "utilizando su poder político".
"Pero a la fuerza del cambio no la va a parar ningún juez. El 23 de noviembre podremos activar esa fuerza para ir a votar y hacer patria (..) con tu poder (Diosdado) me trajiste de nuevo para acá, pero con el poder de los votos te voy a vencer", aseguró.
La audiencia no se celebró porque en la instancia judicial no hubo despacho este lunes, según aseveró la defensa del candidato opositor. Capriles Radonski recibió con sorpresa la citación del Tribunal Undécimo el pasado viernes, que le obligaba a asistir en el siguiente día hábil de firmar la correspondencia de recepción. En la notificación, el tribunal a cargo del doctor Regulo Aponte le comunicaba a Capriles Radonski la obligatoriedad de comparecer al referido despacho "en virtud de que en reiteradas fechas este tribunal ha fijado días para el sorteo de escabinos".
El juicio contra el alcalde se inició por una acusación del Ministerio Público en la que se aseguraba que el funcionario incurrió en delitos al entrar el 12 de abril de 2002 a la Embajada de Cuba en Venezuela, luego de los hechos del 11-A que derivaron en la salida provisional del presidente Hugo Chávez del poder. La máxima autoridad de Baruta duró 119 días preso en la sede de la Disip. Fue dejado en libertad en septiembre de 2004, pero no fue sino hasta diciembre de 2006 cuando fue absuelto de todos los cargos que se le imputaban.
Sin embargo, en mayo de 2007, la Sala 8 de la Corte de Apelaciones anuló esa sentencia del Tribunal 17° a pedido del Ministerio Público, lo que activó nuevamente el proceso. La Sala ordenó en esa oportunidad "la celebración de un nuevo juicio oral y público por ante un juez distinto al que pronunció las anuladas decisiones, con prescindencia de los vicios advertidos". En noviembre de 2007, el Tribunal 11 de Juicio comunicó la reactivación del juicio.
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