31 octubre 2008

Diputados niegan persecución política contra Manuel Rosales

La disputa electoral entre oficialismo y oposición por el estado Zulia continuó este jueves.
Por un lado, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), Julio Moreno, exigió al gobernador de esa entidad, Manuel Rosales, que no se escudara detrás de la figura de “perseguido político” para evadir responsabilidades, en caso de que se determine previa investigación, que incurrió en actos de corrupción.

Por el otro, el presidente del Consejo Legislativo zuliano (CLEZ), Eliseo Fermín, denunció al candidato del chavismo a la gobernación, Giancarlo Di Martino, ante la Fiscalía General, por presunta estafa. “La Comisión de Contraloría no se maneja por criterios políticos, aquí no hay ninguna persecución contra nadie (...) allá quienes piensan que habrá impunidad”, expresó Moreno.

El diputado indicó que el próximo miércoles vence el plazo otorgado por la plenaria para que se presente un primer informe acerca de las acusaciones sobre supuesto uso de dineros públicos para financiar la campaña de candidatos opositores al gobierno a las regionales y compra de propiedades y ganado.

En la búsqueda
“La comisión está analizando los elementos presentados y está buscando más información, luego veremos a quiénes citamos, mientras tanto no descartamos a nadie”.

El miércoles en horas de la noche, Rosales dijo que estaba dispuesto a acudir a la AN, pero con la exigencia de que su interpelación fuera pública. Extraoficialmente se supo que la alta dirigencia del Psuv, recomendó a los diputados no convocar a Rosales para no “darle publicidad”, pero los parlamentarios se inclinan por hacerlo comparecer. “Él (Rosales) no puede decidir si una sesión es pública o no, es el denunciado y debe acogerse a las reglas”, añadió Moreno.

En contraparte, el diputado regional, Eliseo Fermín, denunció ante el Ministerio Público que el alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, formó parte de un proyecto para levantar viviendas (ciudad Alba) en una zona protegida en la que no está permitido. Con el frustrado plan se estafaron, según el legislador, a 800 familias. Aseguró que se colocaron vallas en las que se endosaba la obra al gobierno nacional y municipal y que existen fotos del acto de colocación de la piedra fundacional. Al parecer el alcalde alega que fue un plan privado.

Investigación en universidades nacionales
El diputado de la AN, Roberto Quintero, anunció que las comisiones de Educación y Finanzas del parlamento iniciarán una investigación conjunta en los fondos de pensiones y jubilaciones de las universidades nacionales porque su “uso ha sido desvirtuado, es decir, no se utilizan para lo que fueron concebidos”. Entre las casas de estudio superior, el parlamentario zuliano mencionó a las universidades de Oriente (UDO), la Central de Venezuela (UCV), la Simón Rodríguez, la Simón Bolívar (USB), la Universidad de los Andes (ULA) y la Centro Occidental Lisandro Alvarado en Lara, entre otras.

Plenaria difirió debate sobre altos sueldos
“Por ser un mandato del propio Presidente de la República”, el diputado Luis Tascón ha insistido una y otra vez en que la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) discuta y apruebe la nueva Ley de Emolumentos (regulación de sueldos elevados) para Altos Funcionarios Públicos.

Ayer, el punto no fue incluido en el orden del día de la sesión legislativa. Una advertencia de Tascón, según la cual, en atención al reglamento interno, este jueves vencía el plazo para el debate, hizo que anotaran el tema de último, como punto diez.

Llegado el momento, cuando el parlamentario se disponía a exponer los argumentos para que la norma fuera sancionada, Carlos Escarrá pidió que se suspendiera la sesión con la excusa de que los diputados debían viajar a sus respectivas regiones. La solicitud fue aprobada. “No se puede construir un socialismo cuando hay funcionarios que ganan hasta cien millones de bolívares mensuales, mientras el salario mínimo es de 800 mil (...) No puede ser que el líder hable y los diputados dilaten la discusión”.

Utilidad pública
Lo que sí aprobaron en plenaria fue la declaratoria de utilidad pública de la empresa de fabricación de tubos Helvesa, ubicada en Anzoátegui.

La medida, según Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía y Minas, permitirá la expansión de la industria petrolera, gasífera y petroquímica, especialmente en torno a proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco.

El legislador destacó que Helvesa, creada en 1976, produce 50 mil toneladas métricas de tubos de gran diámetro y cuenta con 250 empleados, quienes venían enfrentando problemas relacionados con pagos, prestaciones sociales y seguro.

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