Cámara Inmobiliaria Nacional en estado de alerta

La Cámara Inmobiliaria Venezolana y sus capítulos regionales se encuentran en estado de alerta ante la posible decisión de la Asamblea Nacional y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis) de aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a los contratos de preventa de viviendas.

En este sentido, la vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria capítulo Bolívar, Aurelis Farfán y Evelyn Pérez, directora de la misma, enfatizaron que esta situación obedeció a la demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Cámara Inmobiliaria Nacional, la Cámara de la Construcción y sus capítulos en cada Estado, además de constructoras, empresas promotoras de viviendas y promotores inmobiliarios, por parte de la Asociación de Usuarios de Servicios Eléctricos de Venezuela y la Asociación de Usuarios y Consumidores.

Aurelis Farfán indicó que en esta demanda, que hasta el día 28 de octubre no había sido admitida, el comité de usuarios solicitó además de la admisión de la demanda, la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas de los contratos, la aprobación de un contrato único por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat para la adquisición de viviendas y por el que se puedan regir todas las empresas promotoras, así como el reintegro del IPC que las empresas promotoras y constructoras han estado cobrando. Acerca de este punto la vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria consideró la petición como injusta, debido a que ese dinero ya está invertido y que son los factores externos como la inflación y la escasez de materiales para construcción los que han impedido la entrega de las construcciones en el tiempo estipulado.

Indicó que es el reintegro del dinero y el establecimiento del contrato único lo más fuerte de la demanda de los consumidores y usuarios, y que pese a que el establecimiento de un precio único para los contratos sería beneficioso para todos, el reintegro del IPC sería lo contrario; en este sentido Evelyn Pérez señaló que en el mercado, los costos para los constructores son variantes durante todo el proceso, ya que en este mismo proceso actúa la inflación sobre los productos y materiales de construcción, “sabemos que la inflación aumenta constantemente y afectaría al promotor de los desarrollos e incluso podría ocasionar que el promotor vaya a quiebra por no poder entregar los proyectos a tiempo”; agregó que el constructor se vería afectado y no construiría y que el sector inmobiliario también se vería afectado, ya que no habría proyectos que vender, dado que los agentes o promotores inmobiliarios fungen como intermediarios entre el cliente y el promotor de vivienda, que a la vez se descapitalizaría debido a que el IPC no está acorde a la inflación, “ellos lo calculan con base a lo que los afecta, que es la construcción, hay escasez de materiales y productos para el constructor en todo el territorio nacional”.

Pérez señaló además que el IPC es insignificante con la revalorización del inmueble, ya que la mejor inversión que puede hacer la ciudadanía es en “ladrillo”, es decir, el precio al que es adquirido el inmueble se incrementa con el tiempo, ocasionando que sea rentable la adquisición del mismo.

Las expertas en materia inmobiliaria, coincidieron en afirmar que de decretarse con lugar la demanda interpuesta ante el TSJ, se paralizaría la construcción a nivel nacional, incrementando de manera alarmante el déficit habitacional del país, ya que el constructor realiza análisis de costos antes de hacer los desarrollos, cálculos iniciales en cuanto a materiales y mano de obra, destacando además que el sector construcción es impredecible.

Agregaron que actualmente existe en el país escasez de materiales que afecta al sector construcción, situación que se escapa de las manos del constructor e influye en la tardanza en la entrega de obras, otros aspectos que influyen y afectan la construcción es la tardanza en el otorgamiento de permisos por parte de los entes municipales, la mano de obra y los conflictos sindicales.

Farfán enfatizó que de concretarse el reintegro del IPC los constructores se verían afectados y podría ocasionarles la quiebra, además de influir en el déficit habitacional, que en el caso particular de Ciudad Guayana alcanza aproximadamente las 148 mil unidades. Para solucionar el problema del déficit se necesitarían aproximadamente 20 años, y la construcción de aproximadamente 10 mil viviendas anuales.

Señalaron que la solución ante la grave crisis que podría enfrentar el sector construcción es lograr alianzas entre los sectores públicos y privados que vayan orientados hacia la construcción de viviendas.

Asimismo, de concretarse la demanda ante el TSJ, la Cámara Inmobiliaria Nacional se prepara para la defensa a través de expertos en materia inmobiliaria y constitucional.