10 octubre 2008

Inhabilitaciones no violan convenios internacionales

El Contralor General de la República, Clodosbaldo Ruussián, aseveró que las inhabilitaciones administrativas aplicadas a funcionarios por el manejo irregular de recursos a su cuidado, no viola ninguna disposición legal, ni acuerdos, ni convenios internacionales o de otra naturaleza, por cuanto se enmarcan en la lucha contra la corrupción que se libra en Venezuela.
La declaración surge en respuesta al pronunciamiento reciente hecho por un grupo de parlamentarios de Europa, que condenaron las inhabilitaciones administrativas y la expulsión del director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. “La finalidad de esa postura es dañar la imagen del Gobierno nacional que, además, está inscrita dentro de la política de la derecha mundial para agredir a Venezuela y está entrelazado con la visión del imperio estadounidense para poner en tela de juicio los logros que pueda tener en este proceso nacional liberador que está en marcha”, precisó. A Russián no le extraña que un sector de la derecha europea se pronuncie de esa forma, pues, a su entender, no todos los que están allí tienen una doble moral o doble conducta, es decir, la corrupción es mala cuando la hacen mis contrarios, y buena cuando la hace gente afecta o amiga mía, lo cual no tiene ningún sentido, dijo. Reiteró que las inhabilitaciones equivalen a una prohibición para el desempeño de cargos públicos, y recordó que la sentencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció que es perfectamente constitucional y legal la competencia de la CGR para imponer ese tipo de sanciones administrativas a aquellas personas incursas en actos que lesionen el patrimonio público y violen la normativa legal. Indicó que no ha habido una persona inhabilitada a la que la Contraloría no le haya demostrado las irregularidades cometidas en el desempeño de cargos públicos, independientemente sean hombres o mujeres, o que militen en uno u otro partido político "porque, en todo caso, no sancionamos personas sino conductas". Recordó que los inhabilitados administrativamente tienen derecho a elegir pero no a desempeñar cargos públicos, no sólo de elección popular sino por designación de funcionarios de elevado rango. Calificó a la corrupción como una expresión del “terrorismo social” que provoca más hambre, más miseria y mayores problemas por la carencia de recursos que son utilizados indebidamente para satisfacer los requerimientos de las sociedades. El Contralor también apoya la medida de expulsión de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) y de su adjunto Daniel Wilkison, porque “vino a declarar en contra del Gobierno de Venezuela y se inmiscuyó en asuntos internos, lo cual es inadmisible aquí y en el resto del mundo”.

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