por Robert Bottome y Norka Parra
Las reacciones desmedidas del Gobierno de Hugo Chávez demuestran su constante violación a los derechos humanos. Una de estas reacciones fue el claro exabrupto de la Cancillería de Venezuela al expulsar de Venezuela, sin aviso ni protesto, al director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.
La detención y expulsión del país de Vivanco sobreviene a la presentación del informe anual de la institución titulado Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de las derechos humanos en Venezuela.
Esta desmedida reacción demuestra fehacientemente que el informe de Human Rights Watch dio en el blanco al concluir que "el Gobierno de Chávez ha aplicado, sistemáticamente, políticas discriminatorias que han limitado el ejercicio de la libertad de expresión" y corrobora que el Gobierno "es intolerante con la disidencia y la crítica". Estos son algunos de los puntos más importantes del informe:
Chávez desperdició una oportunidad histórica, que le dio la Constitución de 1999, para fortalecer el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Venezuela. En vez de promover las libertades públicas y sus mecanismos de protección, el Gobierno "ha actuado en sentido contrario, sacrificando garantías fundamentales en función de sus intereses políticos".
Chávez ha explotado el golpe de 2002 "para justificar políticas que han
degradado la democracia en el país". "La discriminación por motivos políticos ha
sido una característica definitoria de la Presidencia de Chávez".
Chávez ha sido manifiesto su desprecio "al principio de separación de
poderes y, en especial, de la idea de que un poder judicial independiente es
indispensable para la protección de los derechos fundamentales en una sociedad
democrática".
Chávez "ha atentado contra la libertad de expresión a través de
diversas medidas para cambiar el control y contenido de los medios de
comunicación". Además, "ha abusado del control estatal de las frecuencias de
transmisión con el objeto de intimidar y discriminar a estaciones que emitían
una programación claramente crítica".
Chávez ha violado sistemáticamente el derecho de sindicalización de los
trabajadores, afectando "a los sindicatos existentes y favorecido el surgimiento
de nuevos sindicatos paralelos que apoyan su agenda política".
Los defensores de derechos humanos han sido objeto de hostigamiento
judicial y acusaciones infundadas destinadas a desacreditar su trabajo.
Para comprender cuán acertado es este informe de HRW basta observar el descaro de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia al afirmar que "analizaremos" la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que ordenó la reincorporación de tres integrantes de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que fueron destituidos injustamente por razones políticas en 2003) y "decidiremos" si la "acatamos o no", a pesar de que esa decisión es de obligatorio cumplimiento.
O peor aún, el soez rechazo de la Asamblea Nacional a aceptar el asilo político que le otorgó el Vaticano al líder estudiantil Nixon Moreno. El Parlamento, cual juez de la Inquisición, le niega un derecho humano a Moreno y lo condena, sin que se haya celebrado juicio delante de tribunal alguno, por un supuesto delito que ya es público y notorio que no cometió.
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