La Conferencia Episcopal de Venezuela pidió ayer "evitar todo tipo de acción" que haga peligrar "la realización" de las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre próximo, y expresó su rechazo explícito a un golpe de Estado.
"Rechazamos tanto el presunto magnicidio contra el presidente de la República como la presunta conspiración para un golpe de Estado, y exigimos que dentro del estado de derecho se lleven a cabo las investigaciones pertinentes", dijeron los obispos en un comunicado.
Desde comienzos de mes se divulgan vídeos en los que tres altos mandos militares, retirados del servicio activo, se plantean como objetivo derrocar o asesinar al presidente, Hugo Chávez, y aseguran contar para ello con apoyo de militares en servicio activo y medios de comunicación.
"Como en anteriores oportunidades en que se caldean los ánimos en vísperas de eventos electorales, levantamos nuestra voz de rechazo a toda violencia e intolerancia, venga de donde venga, contra personas, instituciones y medios de comunicación social", agregaron.
En este sentido, los prelados invitaron "a todos los venezolanos a participar activamente en la vida del país, con decisión, sin violencia, con respeto a la Constitución, la legalidad y los derechos de todas las personas, y rechazamos que se siga creando un clima de agitación política antes de las próximas elecciones".
"Pedimos a todos los actores políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, evitar cualquier tipo de acción que pueda poner en peligro la realización de las elecciones", reiteró la Conferencia Episcopal.
Transparencia
Exige asimismo al Consejo Nacional Electoral garantizar "la absoluta transparencia" de los comicios, así como "la igualdad de oportunidades para todos los candidatos" y que "se respeten los derechos y se garantice la seguridad de todos los que intervienen en la campaña electoral".
El comunicado de siete puntos también expresa la "preocupación" de los prelados "por la aparente inconstitucionalidad de algunos artículos de algunas de las leyes promulgadas" el 31 de julio, último día de vigencia de poderes legislativos especiales de los que gozó el Gobierno durante un año y medio.
La oposición insiste en que en esas leyes Chávez incluyó asuntos políticos, económicos, militares y otros expresamente rechazados en el referendo convocado por el Gobierno en diciembre pasado para reformar la Constitución, en lo que constituyó el primer revés electoral del gobernante en casi diez años que lleva en el poder.
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