Líder de oposición en Venezuela dice supuesto complot lo inventó la policía

El dirigente venezolano de oposición Henry Ramos dijo hoy que el complot para asesinar o derrocar al presidente Hugo Chávez denunciado por el Gobierno fue montado por los cuerpos de seguridad para justificar su trabajo y seguir cobrando. Ramos, secretario general del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), declaró a la prensa que, con la actual, van 34 denuncias de magnicidio desde que Chávez asumió el poder en febrero de 1999.' Presidente Chávez, los policías inventan conspiraciones y magnicidios porque viven de eso', dijo Ramos, quien añadió que gracias a esas maniobras pueden tener acceso a los fondos de la 'partida secreta' que manejan esos cuerpos. Ramos sugirió al gobernante que, para corroborar la veracidad de su denuncia, pida cuentas de la gestión de esa cuenta al ministro del Interior Tarek El Aissami. El representante de AD agregó que los jefes de la policía están 'engañando' a todo el mundo, desde Chávez hasta a la comisión de la Asamblea Nacional (AN) que investiga el supuesto complot. En ese sentido afirmó que las grabaciones que se esgrimen como pruebas, cuyo origen no ha sido revelado, fueron hechas por esos cuerpos de seguridad. Ramos se preguntó por qué el Gobierno no le quita las armas de guerra a los grupos que se consideran 'revolucionarios' del barrio caraqueño del 23 de enero, que no tienen el menor reparo en exhibirse con ellas ante la prensa. Por otra parte, Ramos rechazó que sectores civiles tengan capacidad para acometer un golpe de Estado, aunque no descartó que algunos puedan apoyar y mostrarse solidarios con una eventual asonada. 'Usted sabe, presidente, que los únicos que tienen capacidad para dar un golpe de Estado son los militares, que son los que tienen las armas', argumentó. Ramos planteó que detrás de las denuncias de complot para matar o derrocar a Chávez está el intento por 'tapar' el 'caso del maletín' que se juzga en un tribunal de Miami (EEUU). El representante de la oposición sostuvo que funcionarios del gobierno implicados en la trama de los 800.000 dólares descubiertos en la aduana de Buenos Aires, presuntamente destinados a la campaña de la actual presidenta Cristina Fernández, están maniobrando para evitar quedar en evidencia.