Más de mil trabajadores directos podrían quedarse sin su medio de sustento de concretarse el decreto de caducidad de las concesiones de los terrenos donde trabajan, los mineros mientras tanto buscan legalizar su actividad para hacerla sustentable y contribuir con el desarrollo del Estado. La minería constituye para muchas personas una forma de trabajo, y para muchas familias especialmente en el estado Bolívar un único medio de sustento, debido a que no están reconocidos como una actividad legal, algunos mineros luchan por lograr la legalización de esta actividad, que puede constituir una alternativa económica y redundar en desarrollo para el Estado. El geólogo David Marsden, asesora desde hace un año la Cooperativa Mineros Artesanos de Guariche en el Municipio Piar, con miras a lograr la legalización de las actividades ante los entes del Estado y más concretamente ante el Ministerio de Industrias Básicas y Minerías, Mibam; esta cooperativa, agrupa alrededor de 300 mineros al suroeste de El Manteco, que laboran en la extracción de oro en vetas a través de sistemas mecanizados semi manuales. El geólogo explicó que aunque estos trabajadores ocupan desde hace cuatro años una concesión llamada Triunfo I y II, perteneciente a la empresa Cominac, su situación sigue siendo ilegal, por lo que han efectuado diligencias ante diferentes entes institucionales, sin obtener respuesta alguna; en una oportunidad en el año 2007, fueron asesorados por el ministerio, que anuló el convenio de convivencia bajo el cual venían funcionando y los instó a tramitar contratos de arrendamiento, pero al tramitarlos, el mismo ministerio argumenta que no pueden aprobar dichos contratos debido a que se van a caducar las concesiones de Cominac. Ante esta situación la presidenta de la mencionada coopertiva, Nelly Matute, denunció que existen otras concesiones que se encuentran ilegales, no tienen campamentos, ni cancelan impuestos, y el ministerio no ha tomado represalias contra ellos. Es importante destacar que la caducidad de la concesión no es conveniente para el sector minero, ya que mientras se decreta, los trabajadores se encuentran en el aire, sin garantías, ya que ni siquiera pueden diseñar planes de explotación o buscar financiamiento para mejoras, debido a que no tienen el piso legal que exigiría todo proyecto financiero para mejorar el sistema de explotación de minas. Los entrevistados coincidieron en exponer la contradicción de la situación, argumentado que durante años el ministerio había hecho caso omiso de las peticiones de los mineros, y ahora que se plantean soluciones junto al concesionario, se plantea la caducidad, “sospechamos que la razón son aproximadamente 15 mil toneladas de arena que están en la zona, con tenores de hasta 15 gramos promedio por tonelada, producto de las moliendas primarias de los pequeños mineros en molinos de impacto, se presume que este juego del ministerio es para apoderarse de las arenas, porque al caducar la concesión, la ley dice que las arenas y todo lo que está adentro pasa a manos del estado, y creemos que el apetito que hay es por las arenas”, recalcando además que los mineros no permitirán que el Estado se apropie de su medio de sustento. Nelly Matute señaló que anteriormente el Ministerio alegaba que de continuar la situación de ilegalidad no se hacían responsables de la estadía de los trabajadores en la mina, “y ahora nos salen con que si van a hacerse responsables, cuando ni siquiera sabemos cuál va a ser nuestro destino”; es importante destacar que con la medida que pudiera adoptar Mibam, se verían afectados más de mil trabajadores directos y sus familias, sin contar los trabajadores indirectos, por esta razón, los entrevistados efectuaron un llamado al Ministro Rodolfo Sanz, con quien ya Matute ha mantenido contacto en varias ocasiones, indicando además que son los asesores del titular de Mibam quienes no llevan la información fidedigna, creando un desconocimiento de la situación de los mineros de la zona, agregó que lo que buscan los trabajadores es lograr la transformación endógena sustentable de la actividad que ejercen, corrigiendo las fallas existentes en el diseño de la política para la organización idónea y profesional con personas que tengan conocimiento de la problemática de la pequeña minería, sin intereses políticos ni sed de protagonismo “porque los protagonistas y los políticos sólo intervienen para dañar nuestro trabajo”. Se expuso que el Mibam deberá estudiar los acuerdos e intención entre las asociaciones cooperativas y los concesionarios solventes con el Estado para llevar a una solución que complazca a ambas partes. Aunque no pueden hablar de márgenes de ganancia, la presidenta de la Cooperativa Mineros Artesanos de Guariche señaló que pese a que existe un estatus en Mibam que refiere que la minería en el estado Bolívar es objeto de fiscalización y control, éstos no se aplican, “ellos no lo hacen, porque no están comprometidos con el cargo que ostentan, en la situación particular de Guariche, ellos van a cobrar los impuestos, pero no garantizan un plan de explotación sustentable para las personas que están allí, no hay garantía de legalidad”. Marsden añadió que la situación es igual para el resto del sector minero, y a pesar de esto, estos trabajadores han acatado los llamados de organización del Gobierno Nacional al conformarse en cooperativas, Matute por su parte, destacó que ahora que están organizados el ministerio no actúa, agregando que pese a que consideran al titular de la cartera de minas competente, el equipo que lo rodea dista de serlo. Por esta razón, pidieron atención por parte del Mibam, “estamos dando un ultimátum, o se pronuncia el ministerio o lo hacemos nosotros”.
Mineros comprometidos
En uno de los comunicados que los mineros han enviado para conocimiento del Ministro Sanz, expresaron su compromiso de establecer planes para la recuperación de pasivos ambientales que incluyan la reforestación de áreas, descontaminación mercurial, el reprocesamiento de colas para la recuperación del oro residual para provecho equitativo, “nada se hace con destruir pistas, desalojar mineros de áreas no permisadas, caducar concesiones a grandes empresas transnacionales pero traspasárselas a otros, sería el mismo musiú con diferente cachimbo”. De igual forma, recomendaron incluir una representación minera en las reuniones que organice Mibam para tratar asuntos relacionados con la materia, activar áreas para el desarrollo legal de la pequeña minería, como: Flores 8, Chicanán 32 y otras de interés geoeconómico como las ubicadas en el margen izquierdo del río Cuyuni frontera con Esequibo y las zonas aledañas al Manteco (23.000 Ha fueron decretadas aptas para la pequeña minería).
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