El aspirante a la Alcaldía del municipio autónomo Heres por el Movimiento Bastión Revolucionario 200 4-F (Mobare), Arnaldo Vázquez, informó que formalizó ante la Fiscalía de Salvaguarda una acusación contra el gobernador. El candidato a la Alcaldía del Municipio Autónomo Heres por el Movimiento Bastión Revolucionario 200 4-F (Mobare), Arnaldo Vázquez, informó -este miércoles- que formalizó ante la Fiscalía del Ministerio Público en materia de Salvaguarda una denuncia referida a presuntas irregularidades presentes en los trabajos del Centro Total de Entretenimiento Cachamay. De acuerdo con la denuncia, existen algunos ilícitos en el contrato de la obra de ampliación y remodelación del polideportivo, extensión y vías de acceso, contraído entre la Gobernación del estado Bolívar y las empresas Ingenieros Civiles Asociados e ICA Construcción Civil de Venezuela. Con esta acusación, ya son dos las que reposan en la Fiscalía del Ministerio Público en Bolívar contra el primer mandatario regional. La primera la formalizaron representantes de Un Nuevo Tiempo el pasado 9 de septiembre por supuesto peculado de uso en la campaña electoral. La documentación presentada por Vásquez muestra que este convenio legal fue suscrito el 9 de mayo de 2006, y un addendum que modifica este escrito tiene fecha 8 de mayo de 2006, lo que supondría que la contratación fue reformada antes de ser firmada. Los ajustes hechos al contrato se refieren al monto de la obra, que originalmente alcanzaba la cifra de 120 mil millones, y finalmente alcanzó los 393 millardos de bolívares, "lo que presenta un incremento de un 320% del costo total del proyecto". "Todo este dinero ha sido pagado, aun cuando la obra debía ser entregada en 13 meses y hasta ahora no ha sido terminada: falta la culminación de la adecuación de las gradas, de las casetas de transmisiones y del sistema de iluminación por ejemplo", señala Arnaldo Vásquez.Otros desafueros El aspirante a la Alcaldía agrega que existen otro tipo de incongruencias en el soporte legal de la obra del Centro Total de Entretenimiento Cachamay, como el hecho que en la cláusula 35 del contrato se establece como domicilio procesal exclusivo y excluyente al municipio Caroní, y en el addendum 11, que fue visado por el procurador del estado Aconcito Bozán, firmado por la secretaria general del gobierno regional, Ovany Aguirre, y carece de la rúbrica del gobernador Francisco Rangel se elige como domicilio el municipio Heres. Según los documentos que fueron consignados por Arnaldo Vásquez ante la Fiscalía de Salvaguarda, que además se entregaron a la Contraloría General del estado Bolívar, también existe una modificación, que primeramente contemplaba que la empresa contratista no podría ceder, consorciarse ni traspasar el contrato, ni en todo ni en parte a otra persona y después de la modificación le presta esta posibilidad a la empresa encargada de la ejecución del proyecto. Descomunal incremento Arnaldo Vásquez afirma que "en la Gobernación hicieron una barrida a todas las partidas financieras para proveer de fondos a la obra del CTE Cachamay. Por esta razón, el ejecutivo regional no ha podido cumplir con los pagos que adeuda con los trabajadores del sector salud, con los educadores, con los jubilados de las diferentes dependencias ni ha podido materializar el polo de desarrollo Endógeno Cayaurima II". El denunciante, también de tendencia chavista, finalmente manifiesta que "la ingeniero residente de los trabajos en el polideportivo Cachamay es Teresa Camero, quien es la esposa del secretario de Infraestructura de la Gobernación, el coronel Carlos Jiménez, quien es el firmante en un punto de cuenta entregado al gobernador en fecha mayo de 2008, en el que se notifica de modificaciones en las partidas respecto al presupuesto original, y aumentan el monto del contrato. Es decir, que ellos mismos se pagan y se dan el vuelto", enfatiza Arnaldo Vásquez.
Otras denuncias
Según el miembro del Mobare, Arnaldo Vásquez, él habría tramitado otras denuncias en contra del primer mandatario regional, Francisco Rancel Gómez, relacionadas con la empresa Credilab, encargada de prestar el servicio de bono de alimentación a los empleados de la Gobernación; y con la situación de Tributos Bolívar, que en palabras de Vásquez "pronto no tendrán timbres fiscales. De esta dependencia han salido órdenes de pago rellenadas manualmente; hechas sin siquiera tener disponibilidad presupuestaria". Esta denuncia formal ante la Fiscalía de Salvaguarda contra el gobernador, se suma a la concretada el pasado 9 de este mes por representantes de Un Nuevo Tiempo (UNT) por supuesto peculado de uso "al utilizar recursos del estado en la campaña electoral", según dijo en aquella oportunidad, Amauris Aular, presidente ejecutivo de este partido.
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