Julio Cesar Camacho: "Justicia Injusta"

Años de angustia, decepción y dolor han tenido que soportar los familiares y funcionarios policiales que el Gobierno ha querido involucrar, a juro, en los sucesos del 11 de abril del año 2002. El Gobierno dice tener decenas de pruebas en contra de los comisarios Lázaro Forero, Iván Simonovis, Henry Vivas y ocho policías metropolitanos, pero hasta el momento nada ha sido demostrado. Entretanto, siguen encarcelados en las peores condiciones. Están recluidos en celdas de 2x2, sin ventilación, y les dejan ver el sol durante una hora cada 15 días. La justicia que les aplican viaja a bordo de morrocoy y ha pasado de todo durante el juicio: desde trasladar el caso a Aragua, hasta incendios en los tribunales y ausencias de fiscales y jueces durante los días fijados para las audiencias. Aquí se ve claramente la poca utilidad, rumbo, luz y objetividad de la justicia en Venezuela. Todo depende de la discreción ejecutiva de la magistratura. Según los defensores, las pruebas fabricadas incluyen una foto de un policía encima de un tanque-ballena, dos granadas y una esfera metálica. El Gobierno ha presentado testigos que al final dicen no haber visto nada. Este atropello jurídico no tiene nombre y al final inventarán cualquier cosa para inculparlos de lo que sea. Queda probada la mala fe del Ministerio Público y de nada sirve que estos funcionarios hayan dedicado buena parte de sus vidas a servir al país. Además de ser abogado, Forero estuvo 33 años en la fuerza policial y hasta sirvió como piloto. Y mientras el Presidente Hugo Chávez amnistió a los pistoleros de Puente Llaguno, a los comisarios Vivas, Forero y Simonovis, les niegan sus derechos. Los fiscales Simancas, Buznego y hasta el finado Danilo Anderson, aceptaron el hecho de que los funcionarios acusados habían actuado de manera adecuada, pero luego firmaron otras actas donde afirman lo contrario. Inicialmente el caso estuvo en manos de Luisa Ortega Díaz, actual fiscal general de la República. La jueza que lleva el caso es Marjorie Calderón, esposa del máximo dirigente del Psuv en el estado Aragua, y la fiscal es Haifa Aissami, hermana del actual viceministro de Seguridad Ciudadana. Así las cosas, con esta clase de justicia.. ¿Quién puede?