Los planes de estatización de empresas estratégicas de Venezuela, lejos de ser la solución que brinda el chavismo a los trabajadores de diferentes áreas, llega para generar aún mayores conflictos en una sociedad cada día más convulsionada por cambios caprichosos de un mandatario que tiene casi como manía mantener el control de absolutamente todas las áreas productivas del país.
Ayer el gobierno chavista de Venezuela anunció que tomará el control de la distribución mayorista de los combustibles. El proyecto de Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, que prevé ser aprobada hoy en primera discusión por el Parlamento, reserva al Estado la "intermediación" para el suministro de estos combustibles realizada entre PDVSA y los establecimientos dedicados a su expendio.
De esta manera, una vez aprobada la normativa, quedará eliminada la figura de los mayoristas privados nacionales e internacionales que hoy ejercen esta actividad y que, entre otras funciones, son los que aportan la marca que luce cada estación
Así es como Chávez sigue adelante con sus planes nacionalizadores en busca de lo que él ha dado a llamar el "Socialismo del Siglo XXI". En cierta forma, pareciera ser que las nacionalizaciones obedecen a la pronta respuesta que el gobierno chavista pretende darle a los trabajadores que se ven inmersos en diferentes reclamos.
Los transportistas de combustibles y los de las estaciones de servicio (que ahora ven su rubro en manos del gobierno) también salieron a las calles para exigir, no sólo reivindicaciones laborales, sino también la estatización del sector.
Sin embargo, no son pocos los conflictos que viven las empresas que deciden ser nacionalizadas. Según publica el diario El Universal, de Caracas, el 40% de las empresas estatizadas por Chávez mantiene conflictos con los obreros.
"Cuarenta por ciento de las empresas que ha enfrentado los conflictos laborales más sonoros de los últimos meses actualmente está en manos del Estado.
Las protestas de los trabajadores con mayor impacto han afectado a 27 establecimientos, la mayoría de ellos transnacionales, y han incluido el bloqueo a las instalaciones de los mismos o solicitudes de estatización por parte de algunos representantes de la masa laboral.
Desde el año pasado 11 industrias de ese total pasaron a manos del Estado, ya sea por la vía de la expropiación, intervención o compra de las mismas.
En cuatro casos el Gobierno expropió las industrias, entre las que se encuentran Sidor, Lafarge, Holcim y Cemex; en uno decidió comprarla, como sucedió con Lácteos Los Andes y en otra más -Cemento Andino- pesó la intervención de la misma por parte de una junta gubernamental y, aunque ya fue aprobado el decreto de expropiación, todavía falta por resolver el tema de la titularidad de las acciones, caso dirimido en el Tribunal Supremo de Justicia.
Por otra vía pasaron los antiguos convenios operativos Cerro Negro, Sincor y Petrozuata, que operaban en la Faja Petrolífera del Orinoco, dado que las fuertes protestas laborales y una decisión sobre el carácter estratégico de esas empresas por parte del Ejecutivo fueron la excusa para que el Estado se convirtiera en el accionista mayoritario. Para lograr la delantera, el Ejecutivo nacional obligó a los antiguos dueños a quedarse con la menor parte del paquete de acciones.
Asimismo, fuertes protestas laborales terminaron de agravar los problemas financieros que enfrentaba la transnacional minera Hecla, lo que ocasionó su venta a la rusa Rusoro, la cual tuvo que pactar con el Gobierno para crear una empresa mixta que se encargara de operar las minas y así calmar los ánimos de sus trabajadores, quienes clamaban por la nacionalización de esos espacios mineros.
Por su parte, el primer aviso del presidente Hugo Chávez sobre la posibilidad de estatizar la telefónica Cantv fue como respuesta a la negativa de la compañía de saldar sus deudas con cerca de 8.000 jubilados.
Un año después de la primera advertencia, y luego de indi- car que las telecomunicaciones eran estratégicas para Venezuela, Chávez estatizó Cantv.
Conflicto advertido
La relación entre las protestas laborales y las nacionalizaciones no es casual. Ya en abril cuando se anunció la estatización de Sidor, el vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, anunció la voluntad del Gobierno de extender la ola estatizadora a todas aquellas empresas que actuaran de mala fe hacia sus trabajadores, como señaló que ocurrió en el caso de la siderúrgica.
Según la visión del segundo a bordo del Gobierno, los trabajadores de la acería estaban prácticamente sometidos a una semiesclavitud y agregó que habían identificado esa situación en otros establecimientos del sector privado.
Desde enero del año pasado hasta la fecha se han concretado manifestaciones laborales bastante ruidosas en 18 empresas que han causado un duro efecto en varios de los casos.
En el sector de alimentos se han presentado conflictos en Empresas Polar, Coca Cola Femsa, Snacks América Latina Venezuela; mientras que en el sector de minería e industrias básicas los puntos álgidos se han presentado en Vhicoa, Crystallex, la promotora minera Guayana, Carbones del Guasare y Orinoco Iron.
No obstante, las protestas de los trabajadores de la industria automotriz han cobrado más protagonismo en los últimos meses. Es un sector que se encuentra afectado en un espectro bastante amplio que el resto del sector productivo, de hecho, las ensambladoras Toyota, MMC Automotriz, Ford Motor, y más recientemente General Motors, han estado afectadas por manifestaciones de trabajadores que han incluido el bloqueo a las instalaciones de esas empresas.
Cada vez más serios
No sólo la poca continuidad en el flujo de dólares las ha afectado, sino que además el cierre de los accesos de la ensambladora General Motors, por ejemplo, por parte de los obreros y empleados ha impactado en la capacidad productiva de la misma.
El tema de las manifestaciones laborales en las empresas del sector privado, ya no es de poca monta.
Recientemente el presidente ejecutivo de Conindustria, Ismael Pérez Vigil, alertó que además de las regulaciones al mercado y el retraso en la entrega de dólares a precio oficial, afecta el desempeño del aparato productivo la conflictividad laboral en los centros de producción".
Esa situación de conflicto es la misma que presenta hoy el diario en dos sectores estratégicos de Venezuela: el sector petrolero y el de la siderurgia, con SIDOR a la cabeza.
"La orden presidencial de eliminar las empresas contratistas trajo consecuencias. En Petrocedeño se rescindió el contrato de trabajo a 270 empleados temporales, quienes acumulaban hasta tres años de antigüedad.
El directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Energía, Petróleo, Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (Futev), Eudis Girot, informó que los afectados por la medida tomaron la sede de la Corporación Venezolana de Petróleo para exigir una explicación.
Indicó que no privó una razón lógica para tomar la decisión, sino que se ha manejado el tema de forma discrecional.
La decisión de acabar con la figura de las contratistas, comenzando "por las empresas del Estado", tal como indicó el mandatario nacional el viernes pasado, implica que un buen número de trabajadores, especialmente petroleros y siderúrgicos, dejarán de laborar en sus puestos habituales.
Girot le recordó a Chávez que la promesa de que Petróleos de Venezuela (PDVSA) absorbería a los subcontratados que desempeñan actividades conexas a la industria no se ha cumplido.
"Si el Presidente conociera la realidad de la propia boca de los trabajadores, se daría cuenta de que el proceso de absorción no ha terminado", dijo Girot.
A su juicio la absorción de personal por parte de PDVSA ha sido irregular, porque trabajadores dedicados a ciertas tareas del Zulia fueron incluidos en la nómina de Pdvsa, pero sus similares en Anzoátegui, por ejemplo, no contaron con esa suerte.
El directivo de Futev aseguró que más de 1.000 personas en la entidad oriental esperan ser absorbidos por el holding estatal, más que todo los trabajadores de mantenimiento de planta, transporte de personal y manejo de sólidos, entre otros.
En el estado Zulia los trabajadores petroleros paralizaron ayer durante unas horas algunas de sus actividades, en protesta porque Chávez instó a poner fin a las relaciones de la administración pública con las empresas contratistas. "Los contratos han sido eliminados y (están) obligando al personal para que se organice en cooperativas, cosa que nos alarmó y es por eso que estamos reaccionando", dijo el petrolero a la emisora Unión Radio.
SIDOR con paro temporal
Por otro lado, una representación de los más de 8.000 trabajadores contratados de SIDOR decidió paralizar sus labores desde el primer turno de jornada laborada de ayer para reclamar la pronta instalación de las comisiones negociadora del tabulador laboral que les abrirá la posibilidad de cobrar, de manera lineal, 72 bolívares fuertes por jornada trabajada.
Luego de una asamblea de tercerizados, los obreros decidieron abandonar sus puestos de trabajo e instalarse en las afueras de la sede del sindicato Sutiss y del edificio Administrativo II de la empresa, donde se encuentran las oficinas de la presidencia de Sidor.
Juan Valor, secretario de Organización y Reclamo de Sutiss y representante de los trabajadores tercerizados, sentenció que la salida de los trabajadores de la mayoría de las áreas productivas de la empresa provocó la paralización de entre 50 y 60% de la producción".
En este marco, cabe pensar que, lejos de solucionar los conflictos sindicales que se presentan en Venezuela, el gobierno de Chávez se dedica a imponer su modelo en busca de expandir su propia caja, sin tener en cuenta las reales necesidades de su pueblo pero sí las de un estado que se expande sin control bajo la atenta mirada del personalismo de Hugo Chávez.
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