El Colegio Nacional de Periodistas hizo público este domingo 10 un manifiesto para todos los comunicadores sociales del país, en el cual exigen el respeto de los periodistas por las autoridades, que finalice el silencio informativo y se establezcan políticas de transparencia informativa de parte del sector privado, entre otros.
A continuación gran parte del escrito del CNP: "Venezuela vive hoy una compleja situación de crisis en lo político, jurídico, social y económico que socava las bases de nuestra democracia. El tejido social del país está fracturado: un gobierno con legitimidad en las urnas está usando el mandato popular conferido en las elecciones de diciembre de 2006 para vulnerar derechos ciudadanos que posibiliten el acuerdo en torno a la letra de la constitución. En Venezuela una porción del país le quiere imponer a la otra su proyecto político haciendo un uso elástico de la legalidad. A punta de decretos y concentrando progresivamente poder, se viene conformando un cerco legal que vulnera lo fundamental de derechos democráticos de los ciudadanos.
El comunicador social, como actor de esa realidad, se ve afectado en el desempeño de sus funciones. Hoy en día no cuenta con el ambiente idóneo, ni la seguridad física ni jurídica que le permita ejercer cabalmente su profesión. De acuerdo con lo que establece la Ley de ejercicio del periodista en su Artículo 34, un comunicador en democracia debe : "Ajustar su actuación a los principios de la ética profesional y a la defensa de los derechos humanos, de la paz entre los pueblos, de la libertad de expresión al servicio de la verdad y la pluralidad de las informaciones".
Hoy más que nunca la sociedad venezolana demanda un periodismo combativo, íntegro, apegado a la verdad, sin concesiones. Comprometido con la defensa de la democracia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de no excluir a ningún ciudadano. Por lo tanto, las instituciones públicas no pueden estar al servicio de parcialidades políticas, como ocurre actualmente con el uso, continuo y permanente, de los recursos y medios oficiales con fines proselitistas. Denunciamos que estas acciones constituyen una política de gobierno, clara y definida, dirigida a privilegiar a sus seguidores y a excluir a todo aquel que se manifieste en contra. Esto constituye una acción discriminatoria y una forma de censura oficial que atentan contra la plena libertad de expresión y de información de la sociedad venezolana.
Las leyes tienen como fin último la aplicación de justicia. En el caso venezolano, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión; y, el Código Penal vigente son utilizados por el gobierno con fines políticos.
A través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el Gobierno abusa de la transmisión de cadenas nacionales por radio y televisión, práctica ésta que violenta el equilibrio informativa e impone censura sistemática".
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