Para Rousseau la democracia debía ser tan directa como posible. Para Locke y los liberales ingleses del siglo XVIII que lo sucedieron en el tiempo, el mayor riesgo a la democracia venía dado por la "tiranía de la mayoría". Sobre estas dos visiones contrapuestas se asienta el punto de partida del debate entre la democracia directa y la representativa. La primera de ellas encuentra su legitimidad histórica no sólo en el Agora ateniense, expresión primigenia de democracia, sino también en el sello de aprobación brindado por la más antigua y respetada democracia del planeta: la suiza. La democracia representativa, siempre protectora del saber "ilustrado" de los pocos, encontró sin embargo una popularidad muy superior.
La democracia representativa se corresponde bien a aquella célebre frase de Rómulo Betancourt: "El pueblo en abstracto es una entelequia que usan y abusan los demagogos... En las modernas sociedades organizadas el pueblo son los partidos políticos, los sindicatos, los sectores económicos organizados, los gremios" (citado por Ramón J. Velásquez, Venezuela Moderna, 1979). En otras palabras, la acción de intermediación a la voluntad popular es lo serio, de la misma manera en que todo intento de aproximación directa a esa voluntad es expresión de demagogia.
Fue sobre la base de la premisa anterior que varios gobiernos europeos ignoraron la voluntad de sus poblaciones, expresada masivamente en manifestaciones populares y mayoritariamente en las encuestas, para lanzarse a la invasión de Irak. Este desoír al pueblo fue identificado como señal de responsabilidad, en tanto que cualquier intento por escuchar al sentimiento popular fue presentado como simple populismo.
Algunos años más tarde la Unión Europea lanzó con bombos y platillos un flamante proyecto de Constitución, destinado a ser aprobado por vía de consulta directa por las poblaciones de los países miembros. Luego del rechazo a esa Constitución por vía de sendos referenda en Holanda y Francia, los "intermediadores" se lo pensaron mejor. La respuesta "responsable" consistió en empaquetar el contenido del proyecto constitucional en un Tratado de difícil comprensión para el ciudadano común. Se trató del Tratado de Lisboa, aprobado por los gobiernos de los estados miembros de la Unión en octubre de 2007. La razón de este cambio respondía a un hecho simple: para hacer válido un Tratado a nivel nacional basta con la simple aprobación del Parlamento.
Los irlandeses, sin embargo, se encargaron de sembrar el desorden. En lugar de aprobar el Tratado de Lisboa en el círculo cerrado de su Parlamento, como se esperaba que hicieran todos, tuvieron la peregrina idea de convocar a un referéndum para ello. Era volver al punto cero, colocaba la sustancia del proyecto en contacto directo con el pueblo. Y nuevamente el pueblo, consultado en su intención, votó que no.
¿Sobre qué bases objetivas puede considerarse que el ciudadano común no sabe lo que es mejor para él? En lugar de darnos tantas clases magistrales de democracia, Europa debería venir a buscar algunas a Venezuela.
Alfredo Toro Hardy
altohar@hotmail.com
Significado de la democracia en Venezuela y su influencia a través de los medios de comunicación
ResponderBorrarPor: Mario Muñoz Arellan
Fecha de publicación: 05/11/08
Analizando la historia de nuestro país encontramos que después de la época de la independencia hasta nuestros días los venezolanos hemos sustentado nuestras esperanzas en lideres por imposición o con aprobación ciudadana generalizada para que arreglen los problemas que nos agobian y nos enrumben a un futuro mejor, Lo que en muchos casos se constituía con sobrada razón cuando hacemos referencia a sistemas de gobierno dictatoriales, un ejercicio de la ley a la medida de tales regímenes donde sus lideres tienen poder de intervención y decisión en el ordenamiento jurídico. Empero, si analizamos el inicio de la era democrática encontramos que debido a las características del naciente sistema los lideres de aquel entonces tenían de alguna forma justificación para adentrarse e ingerirse en uno de los tres poderes que constituían el Estado; el Poder Judicial. La democracia en Venezuela es sinónima de política con un predominio del poder Ejecutivo y Legislativo, mas no la democracia como sinónimo de justicia social en donde impere el Estado de Derecho deducible en equilibrio entre poderes. La generalidad de la nación venezolana puede deducir que existe un altísimo índice de incumplimiento de las leyes pero hasta allí, una deducción sin trascendencia de cuya solución corresponde al gobierno de turno. Grave, terrible, y si acaso una minoría concluye que son los abogados, los funcionarios del Poder Ciudadano y el Poder judicial los que tienen que resolver el problema como reguladores de las leyes el asunto es saber como, al menos como comenzar con resultados claros que permitan Perfeccionar o redimensionar la estrategia. Aquellos que tengan la potestad, la voluntad de llevarlo a los hechos en medio de esta desorganización, la nación estera les agradecerá infinitamente sus esfuerzos.
Esta forma de pensar del venezolano sobre el significado de lo que es la democracia de que esta es sinónimo de política y no sinónimo de justicia social en donde impera el estado de derecho al trasmitirse diariamente a través de la familia, de terceros y demás medios de comunicación tanto escritos como visuales, se apodera del subconsciente, robusteciendo tal forma de pensar en las generaciones precedentes y apoderándose de las mentes de las nuevas generaciones de los niños, lo que no permite individualidad de criterios, de nuevas ideas o de depuración de las mismas y quien se atreva a discernir o dar opiniones contrarias a lo que generalmente se tiene como cierto, o esta loco o busca figurar o no sabemos que cosa. El asunto de interpretación se torna muy complejo pues hasta los Psicólogos, sociólogos y abogados están influidos erróneamente por esta forma de pensar y de sentir, sin ánimos de herir susceptibilidades, empero, sus colegas extranjeros o bien sea venezolanos que estén residenciados por mucho tiempo en países organizados al comparar la realidad de nuestro desorden institucional, cual si fuera desde la barrera, al profundizar en sus investigaciones llegaran a esta conclusión o una similar en donde la responsabilidad de organizar el Estado no solamente dependerá de sus lideres representados en el Poder Ejecutivo, sino que además, de los funcionarios que conforman el Poder Judicial, el Poder Ciudadano y demás poderes del Estado en completo equilibrio.
Analizando esta influencia del significado de la Democracia como sinónimo de política y su efecto en los Profesionales del Derecho quienes son los principales reguladores de las leyes encontramos que siguiendo esta forma de pensar, de sentir y de ser, nuestras facultades de Derecho formaron y en otros casos fabricaron Profesionales sin inculcarles el valor que Sico-Sociologicamente tienen las leyes en la conducta de los ciudadanos, el valor que realmente poseen como regidores del Poder Judicial y su efecto extraordinariamente trascendente para organizar el Estado. Como se puede permitir ante las narices de los Profesionales del Derecho violaciones a diestra y siniestra por parte del ciudadano común, por empleados de los servicios públicos y organismos del Estado, por el sector privado en ciertos casos, el caso más espantoso que se vive en nuestras cárceles etc., terrible, terrible, terrible lo que ha ido debilitando las instituciones, creando un desorden que se refleja en la conducta del ciudadano, de la sociedad. Haciendo un estudio de aquellos que cursan, se gradúan y ejercen tal Profesión de Abogados encontramos que en la psiquis de la gran mayoría de estos ciudadanos se forma definitivamente y los hechos son terriblemente palpables un respeto a la ley sin trascendencia a la investidura a lo que representa tal profesión. Es necesario entonces incentivar la investigación, el análisis en todas las facultades para que el estudiantado compruebe él porque se suceden las cosas, el cuándo, el cómo, consecuencias, efectos, trascendencia, el valor de la norma psico-sociologicamente en las instituciones, en el ciudadano común, en la sociedad. Y así curar cual medico a la mal herida nación venezolana y sus instituciones en colaboración con los otros poderes. Estamos convencidos en la democracia como sinónima de justicia social en donde impera el estado de derecho, empero, no como un ideal, mas si, como aquello que estando en la norma puede ser plasmado en la psiquis del ciudadano, del colectivo, en los funcionarios, en los empleados que laboren en las instituciones. Para ello reiteramos existe la psicología y sociología del Derecho ciencia poco profundizada y explotada por las facultades de Derecho de nuestro país. Profesionales del Derecho Despierta Conciencia os pide aunar esfuerzos, valorar las leyes para realizar el sueño de BOLIVAR de otorgarles la mayor suma de felicidad posible a nuestros conciudadanos.
Es necesario entonces ser lógicos en la expresión y matemáticos en la investigación para luchar contra este dragón el cual nos mantiene recorriendo este circulo vicioso que parece completarse cada mandato gubernamental, ya vasta son mas de cuarenta años en el mismo error terriblemente palpable que debería al menos ponernos a pensar que estamos fallando en algo y que debemos buscar el origen de esa falla.
Ciudadano Presidente de la Republica Hugo Chávez a llegado el momento de comprender que la gerencia concebida que con los errores de lo que significa la Democracia no se puede hacer tanto es urgentemente necesario que comprenda la importancia de la Real organización. Es urgente comprender que el Ejecutivo Nacional, los Gobernadores y Alcaldes no podrán tener éxito determinante en sus esfuerzos por tratar de darle la mayor suma de felicidad posible a nuestro pueblo si no se toma seriamente en cuenta a los otros Poderes del Estado y a Propuestas que permitan hacer cumplir la constitución y organizar, propuestas que hoy ponemos al servicio del país. EL PROBLEMA ES ESTRUCTURAL Y ELLO NO CAMBIARA SINO CAMBIAMOS DE MENTALIDAD. RECORDEMOS QUE LA EFICIENCIA DE UN GOBIERNO NO DEBE MEDIRSE POR LAS MISIONES SOCIALES SINO POR LA EFICACIA DE LAS INSTITUCIONES DE DEL ESTADO.
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